ALARMANTE SITUACIÓN EN LA REHABILITACIÓN DE LA SALUD MENTAL MADRILEÑA

Desde la AMSM queremos transmitir nuestra profunda preocupación por los efectos que está teniendo la incursión de los fondos de capital de inversión, conocidos como fondos buitre, en la gestión de los recursos de la Red de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Familia Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid.

Por poner en antecedentes, esta Red compuesta por recursos ambulatorios (Centros de Rehabilitación Psicosocial, Centros de Rehabilitación Laboral, Centros de Día y Equipos de Apoyo Social Comunitario) y residenciales (residencias, pisos supervisados y plazas en pensiones) [1], nació a finales de los años ochenta con la intención cubrir una necesidad de salud recogida en la cartera de servicios básica del SNS y de esta manera ofreciendo  servicios y programas a las personas (de entre 18 y 65 años) con discapacidad psicosocial  y dificultades de integración derivadas del padecimiento de un trastorno mental de larga duración. Todas las personas han de ser derivadas por su centro de salud mental para ser atendidas[2]. El Plan de Atención Social 2003-2007 se desarrolló como herramienta estratégica para su desarrollo y en la actualidad cuenta con cerca de 6.700 plazas.

El Decreto 122/1997, de 2 de octubre de 1997 establece el régimen jurídico bajo el que se prestan estos servicios. Si bien esta red pública siempre ha funcionado en régimen de  concesión (si el edificio es propiedad de la Comunidad de Madrid) y concierto (si el edificio es propiedad de la entidad adjudicataria), las entidades privadas que ganaban las licitaciones eran empresas del tercer sector, entidades sin ánimo de lucro o empresas formadas por profesionales con vocación de mejorar la atención a las personas con sufrimiento psíquico.  Por su parte, la Consejería, para garantizar el cumplimiento y la calidad de los servicios establece unos pliegos de prescripciones técnicas y administrativas que definen el perfil de la población a atender, los objetivos, la metodología, los recursos humanos y materiales necesarios y las condiciones de solvencia que deben tener las entidades para prestar los servicios.

En estos años, las crisis económicas se han traducido en importantes recortes presupuestarios en el área de lo social que desde la Consejería se han tratado de solventar a través de la priorización de la bajada económica como valor determinante en la adjudicación de los servicios, por encima del proyecto técnico; y del establecimiento de un acuerdo marco que regule el gasto de los contratos en modalidad de concierto.

En junio de 2013 se publicó el “Acuerdo marco de residencias, Centros de Rehabilitación Laboral, Equipos de Apoyo Social Comunitario, Centros de Día, Pisos Supervisados y Centros de Rehabilitación Psicosocial para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid” [3] . Este nuevo marco de contratación implica cambios tanto a nivel presupuestario  (los recursos del mismo tipo tienen el mismo presupuesto y el pago se hace por plaza ocupada /día, estableciendo qué se considera “plaza ocupada”), como de recursos humanos (establecen unos mínimos en las plantillas que suponen, en la mayoría de los recursos, modificaciones a la baja del número de profesionales y de las jornadas) y de jornada de trabajo (p.e. reducción de jornada de los preparadores laborales de los Centros de Rehabilitación Laboral a 30 horas)

La priorización del precio frente al proyecto técnico ha traído como consecuencia la pérdida del poder contractual del tercer sector de acción social a favor de la esfera mercantil, aumentando la influencia política de las empresas. El equilibrio entre tercer sector y esfera mercantil fluctúa entre la colaboración y la competitividad, especialmente en un escenario político, como el de la Comunidad de Madrid, que impulsa la liberalización de los servicios[4].

Esta situación se agrava si desde la Consejería se validan ofertas económicas calificadas de “valores anormalmente bajos” según los  pliegos de clausulas administrativas establecidas en las licitaciones. Esta situación se ha dado recientemente con el concurso de los Centros de Rehabilitación Laboral, Psicosocial y Centro de Día de Torrejón, en el que la Consejería ha admitido la oferta económica de Grupo 5 a pesar de ser un 16,10 % más baja  respecto al precio mensual de licitación estipulado para la gestión de estos recursos (que supone 15.301,12 € menos al mes)[5] En los últimos años hemos visto como la entrada de fondos buitre en otros sectores, trae consigo prácticas que podrían ser consideradas como abusivas y monopolísticas en las que las bajadas de precio a costa del capital del fondo desbanca a los demás competidores a corto plazo para generar una posición de mercado dominante. Consideramos importante que exista una correcta supervisión para evitar que prácticas de este tipo puedan extenderse a la prestación de servicios incluidos en la cartera básica del SNS.

En este contexto, en el que las entidades del tercer sector no pueden competir, es fácil pensar en un escenario en que la red de atención social quede en manos de los fondos de inversión, lo que supondría un gran deterioro en la calidad asistencial de la red. Si bien el despliegue de recursos en marketing y comunicación sirven para reforzar su imagen social, y su política de eficiencia y resultados a corto plazo, la estrategia implícita de este tipo de empresas de comprar y sanear, se traduce en recortes para aumentar la rentabilidad lo que conlleva la precariedad laboral de los profesionales que trabajan para ella y una reducción en la calidad de los servicios que ofrecen, que en el caso de los recursos residenciales puede suponer bajar la calidad de los servicios elementales como es la alimentación.

Todo ello supone un cambio de paradigma y un alejamiento de los principios que inspiraron esta red y que han ido guiando la calidad de la atención a las personas con sufrimiento psíquico.

Desde la AMSM esperamos que aún estemos a tiempo de revertir esta tendencia y se pueda volver a defender el bienestar social que tiene por objeto el interés general.


[1] Para una descripción detallada de cada uno de ellos: https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/directorio_red_atencion_social_enfermedad_mental-octubre_2020.pdf

[2] https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/red-atencion-social-personas-enfermedad-mental

[3] https://amsm.es/2013/10/29/informe-amsm-sobre-los-cambios-en-la-red-de-atencion-social-a-personas-con-enfermedad-mental-tras-el-acuerdo-marco-para-la-contratacion-de-servicios-publicos-en-modalidad-de-conciertos/

[4] https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/wp-content/uploads/2019/05/OED-LA-SOSTENIBILIDAD-SECTOR-DISCAPACIDAD.pdf

[5] Informe Técnico bajas anormales (Publicado el 26 marzo 2021 13:01) https://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ICMFramework/Comunes/Logica/ICM_WrapperGetion&op=PCON_&language=es&c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354863331954&nombreVb=documentos&other=2.

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