El pasado 5 de Octubre el Boletín Oficial del Estado publicaba la nueva ley de salud publica  en la que en su disposición adicional sexta extiende el derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública, a todos los españoles residentes en territorio nacional, a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico. Es decir, aunque sea de una manera un tanto atípica, la ley introduce la universalización del derecho a la asistencia sanitaria, que era una necesidad pendiente de la Ley General de Sanidad de 1986.  Porque, por extraño que nos pueda parecer, uno podía quedarse sin este derecho.  Esto, por ejemplo, garantizaría que los parados que agotan su prestación de desempleo a 1 de Enero de 2012 puedan recibir atención sanitaria ordinaria en el SNS, aunque en algunas CC.AA parecen no haberse enterado.

Lo paradójico y dramático de los tiempos en los que vivimos es que mientras la Ley de Salud Pública y la Ley de la Dependencia garantizan la universalidad de las prestaciones sanitarias y sociales, las normas y las políticas se encargan de limitarla, reducirla y cuestionarla.  Conviene recordar que la universalidad es el principio rector del Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar es un bien común, construido gracias a la solidaridad social  garantizadas por políticas fiscales redistributivas y con un control democrático. Juan Gervas, en un excelente  texto, señala como el Estado de Bienestar es un ejemplo de organización social, de capital social que “en Europa es centenario, y construido con el sudor de generaciones que entendieron que era justo y necesario 1/ apoyar a las familias y a sus hijos, 2/ establecer una estructura educativa de calidad para todos, 3/ facilitar el acceso a servicios sanitarios según necesidad (y no según capacidad-deseo de pago) mediante un sistema sanitario público de cobertura universal con escasos o nulos pagos en el lugar de la prestación de servicios, 4/ redistribuir la riqueza y facilitar las comunicaciones, el transporte, el comercio y la actividad económica, y la participación democrática de todos en la cosa pública y 5/ crear un sistema de subsidios de desempleo y de pensiones que asegure el futuro”.

Conviene también recordar que la crisis del capital financiero es simplemente una excusa para desmantelar el estado de bienestar. Martin McKee y  David Stuckler nos cuentan, en la revista extremista British Medical Journal, (El asalto al principio de universilidad.Como destruir el estado de bienestar) la estrategia ideológica y política neoliberal para desmantelar el modelo social europeo atacando su pilar básico: el principio de universalidad.  La crisis económica es una oportunidad para las elites de imponer un relato explicativo de los orígenes de la misma y disfrazar el desmantelamiento del Estado de Bienestar como medidas necesarias para garantizar su sostenibilidad.  Los recortes en los servicios públicos, las privatizaciones, los ataques a los empleados públicos, el insuficiente desarrollo  de las prestaciones sociales, el encarecimiento de la justicia, las desgravaciones a la educación privada, los planes de pensiones privados, etc.., son un conjunto de políticas que deterioran la calidad de los servicios públicos y disminuyen las prestaciones que recibimos.

La estrategia es que los ricos y las clases medias altas empiecen a cuestionar la obligatoriedad del aseguramiento público, reclamando en primer lugar desgravaciones  fiscales   para los seguros médicos privados y luego su desaparición.  En los últimos meses estamos viendo como desde determinadas administraciones, empresas de seguros médicos o foros de gestión sanitaria interesados se defiende esta postura. Ya se ha iniciado una campaña solicitando esta desgravación fiscal con el demagógico argumento de que así se contribuye al sostenimiento del Sistema Nacional de Salud. Como nos recuerdan McKee y  Stuckler la disminución de la calidad y cantidad de las prestaciones en sanidad y educación “lleva a las clases medias a buscar opciones privadas, quedando los servicios públicos como los hospitales públicos estadounidenses, como un servicio para los pobres”. Y un servicio para pobres es un pobre servicio.

Cerramos con unas palabras de Juan Gervas: “Cuando los políticos toman medidas que corroen el sistema sanitario público de cobertura universal están desmantelando el Estado de Bienestar, están considerando el capital social sólo en los mínimos. Los médicos tenemos una grave responsabilidad al admitir esos recortes y esos co-pagos indiscriminados. Somos animales sociales y políticos, y como tales habría que actuar para defender leyes justas y al Estado de Bienestar”.

Junta de la AMSM