Desde la AMSM manifestamos nuestro profundo rechazo al cambio legislativo puesto en marcha en torno al aborto. Esta nueva ley, torticera y sarcásticamente denominada “Ley orgánica de protección de la vida del no nacido y de los derechos de la mujer embarazada”, supone un retroceso extremadamente grave precisamente en lo que a derechos de la mujer se refiere. En primer lugar no deja de ser reseñable que se protejan los derechos del feto en un entorno en el que se reducen al mínimo las ayudas a esos mismos individuos una vez nacidos (véanse los recortes en derechos sociales y en ley de dependencia). Como ciudadanos nos manifestamos radicalmente contrarios a un cambio legal que no disminuirá el número de abortos (hay evidencia sobrada al respecto) sino que, en el caso de las mujeres sin recursos económicos, las empujará a realizar dichos procedimientos en la clandestinidad con el consiguiente riesgo para sus vidas. Rechazamos esta medida también en tanto y cuanto supone perpetuar una concepción paternalista de los derechos reproductivos, que despoja a la embarazada del derecho a decidir acerca de su propio cuerpo. La maternidad no es una experiencia de la mujer sino una propiedad del estado.

 Pero desde la AMSM, en calidad de profesionales de la salud mental, queremos recalcar nuestro rechazo desde otro ángulo más, el del papel represor que se nos confiere. Desde su nacimiento la psiquiatría ha constituido uno de los elementos del poder para controlar a la población mediante medidas de disciplinamiento, especialmente en el ámbito de la libertad sexual (hasta 1973 defendimos que la homosexualidad era una condición patológica, y aún hoy se mantiene en discusión la validez de nuestros conceptos acerca de los trastornos sexuales y de género). Durante todo este tiempo han resultado fundamentales los movimientos sociales reivindicando dichas libertades sexuales (insistimos, con mucha frecuencia cercenadas invocando nuestro criterio profesional), movimientos que han discurrido paralelos a la evolución de nuestra especialidad, la reforma psiquiátrica etc, que nos han llevado a entender nuestra profesión como un cuidado a la población, y no como una coacción moralista.

 Sin embargo esta nueva ley vuelve a colocar a la mujer embarazada en la posición de ceder el control de su cuerpo a terceros, otorgándonos a los psiquiatras un poder que no queremos: tutelar en una decisión (de relevancia biográfica crucial) a personas adultas y competentes por el simple hecho de ser mujeres. Sólo conserva derecho a decidir sobre sí misma (una vez cuestionada) la mujer violada, la que no es culpable de la situación porque no ha querido tener relaciones sexuales, la que se ha mantenido “casta”. En este contexto nuestra intervención como psiquiatras no proporcionará protección ni está destinada a aliviar sufrimiento alguno, lo que se nos pide es imponer unos criterios morales y religiosos en nombre de unos gobernantes que han convertido en delito lo que consideran pecado.

 No queremos tener derecho a decidir sobre úteros ajenos. Porque nuestra profesión nos avala para proteger, cuidar e integrar socialmente a los enfermos mentales, pero no para despojar de derechos a las mujeres.