En estas últimas semanas, hemos asistido como sociedad al desahucio de Mari Carmen, de 87 años, y su posterior fallecimiento en un hospital, sólo unos días después. Estos dos hechos que, analizados sin contexto, pueden ser leídos como dos desgracias independientes que le pueden ocurrir a cualquiera. Si, además, como en este caso, tienen lugar en un espacio temporal breve, cualquiera podría observarlos con compasión por el infortunio de la persona. No obstante, masivas movilizaciones sociales nos vienen a recordar que ningún síntoma o malestar está fuera de su contexto, que ningún fallecimiento puede ser leído fuera de su historia vital y que en esta historia el sufrimiento, el desgaste y la amenaza de la pérdida de un bien básico han acabado con la vida de una persona.

El caso de Maricarmen, como bien se ha recordado incansablemente, no es un hecho aislado, ni algo novedoso. La Organización Mundial de la Salud describe los Determinantes Sociales de la Salud desde el año 2008 como “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana”. Está simple definición condensa a diario la impotencia de miles de profesionales sanitarios que intentamos de forma ineficaz atender síntomas y malestares agudizados u ocasionados por deficiencias sociales que cada día deterioran la salud de las personas.

Fuente: Emma Espejo/Getty

Desde los dispositivos de Salud Mental, se nos pide calmar el llanto sofocante ante un desahucio, ante la imposibilidad de divorciarse por no disponer de medios económicos que permitan cambiar de vivienda o administrar medicamentos para poder sostener jornadas laborales exhaustivas que permitan cubrir los gastos básicos.

Desde hace tiempo denunciamos estas situaciones, señalando que la psiquiatrización o la psicologización no son la respuesta, pero España sigue estando en el podio de los países de la OCDE que más ansiolíticos y antidepresivos consume, siendo las poblaciones más vulnerabilizadas: mujeres y ancianos, quienes más sufren sus consecuencias. Debemos, por tanto, continuar trabajando por solventar el origen del malestar y atender a todos los factores sociales que agravan o impiden la recuperación de cada uno.

Maricarmen, el sindicato de inquilinas y todas aquellas que cada día luchan por tener una vida digna nos recuerdan que no debemos perder el foco, que no es posible tener salud mental y física si no garantizamos las condiciones materiales básicas para vivir.

Por todo ello, como asociación comprometida con la defensa de la salud y de las condiciones de vida digna, nos sumamos a la huelga general del próximo 11 de noviembre de 2026 para reivindicar el derecho a la vivienda y el resto de derechos básicos para sostener la vida.

Junta directiva de la AMSM