Jugando a deslegitimar la red de rehabilitación en la Comunidad de Madrid (el monopoly de la rehabilitación). Boletín N52 primavera 2025.

Nos resulta muy alarmante la situación en la que se encuentra la red de atención social a personas con enfermedad mental de la Comunidad de Madrid¹, una red y unos recursos que consideramos igual de esenciales que los servicios sanitarios, y que también deberían ser de gestión totalmente pública. Hace ya un tiempo, a raíz de la entrada de un fondo de inversión en la gestión de algunos recursos de la red de rehabilitación de Salud Mental, desde la AMSM advertíamos de los peligros que podía conllevar². En aquella comunicación explicábamos con cierto detalle el funcionamiento y objetivos de este tipo de entidades, y hacíamos un llamamiento a la reflexión de cómo podía afectar tanto al personal empleado en esa red, como a las personas atendidas por la misma.

Lamentablemente, lejos de haber generado algún cambio positivo o al menos haber frenado esa dinámica, vemos que se está agravando la situación, ya que las políticas de gestión siguen siendo las mismas, arrastrando así a otras entidades más pequeñas e implicadas también en la gestión de esta red a entrar en un juego perverso. Juego del que nos preguntamos si su fin último no será deslegitimar esta red para, de esta manera, poder defender bien la vuelta a los hospitales psiquiátricos (favoreciendo el modelo de gestión externa de los últimos años), o bien acudir a servicios privados directamente, cayendo en el sálvese quien pueda.

Si nos retraemos a aquella nota, y haciendo un breve resumen, podemos ver las técnicas que se emplean para hacer rentables, eficientes e interesantes estos recursos para otras empresas. Éstas pasan desde someter a un proceso de reducción del volumen de personal en las estructuras, hasta mantener al personal que continúa (el exigido por pliegos como ya señalábamos), en unas condiciones laborales cuanto menos duras, y, apelando un poco a la honestidad, nada ajustadas a la realidad que les rodea (véase el problema de acceso a la vivienda que día sí y día también, sale en los distintos medios de comunicación). Esto se hace a través de unos convenios decididos de forma unilateral por parte de las entidades gestoras, buscando generalmente, no el que mayor tranquilidad y bienestar puede aportar a las personas trabajadoras, sino el que mayores beneficios, o menores gastos (según quien enuncie la afirmación) genere a la entidad gestora.

Los riesgos o implicaciones que esto puede repercutir tanto a las personas empleadas como a las atendidas en estos recursos³, son altos. Por un lado, las personas que están trabajando en esta red se están viendo sometidas cada vez más a unas condiciones laborales cada vez más estresantes, y ya no solo por la limitación continua de sus condiciones económicas y las consecuencias que de ellas se derivan, sino también por las altas exigencias a las que son sometidas estas personas. Hoy en día, la eficiencia de la que depende el erotismo o la atracción de estos recursos de cara a los nuevos inversores, está basada en una cuantificación masiva de dos aspectos principalmente: sus procesos para medir los resultados (no la calidad de esos resultados, sino el número, punto), y los costes económicos de la gestión de esos procesos (siendo este punto bastante más importante que el anterior cuando predomina una mirada capitalista). Pues bien, el resultado de este modelo es, como decíamos, una alta presión para las personas que trabajan en estos recursos, poniendo así en jaque la propia salud mental de las mismas.

Uno de los efectos perversos que esta gestión ocasiona, es la huida de profesionales hacia otras redes de intervención social o, directamente, hacia otros sectores laborales en los que puedan encontrar una mayor calidad de vida (algo que no es muy difícil dadas las condiciones actuales). Es aquí donde se ven afectadas las personas atendidas en nuestra red de rehabilitación, ya que estos movimientos generan una gran inestabilidad en los equipos profesionales que la componen.

Como bien es sabido, los procesos de rehabilitación suelen ser largos en el tiempo y pasan por distintos momentos. Para que estos procesos sean efectivos y puedan “llegar a buen puerto”, es necesario que haya un equipo cercano y estable a las personas atendidas. Para ello es necesario generar un vínculo con las personas atendidas, algo que, en el caso de quienes sufren psíquicamente, puede llevar un poco más de tiempo y se hace aún más necesario para comprender y acompañar en esos procesos. Pues bien, esa inestabilidad en los equipos no hace más que medrar en la confianza que quienes padecen sufrimiento psíquico puedan tener en estos recursos que, tras cada cambio de profesional, toca volver a trabajar en crear ese vínculo y van generando más reticencias ante la incertidumbre, de cuándo volverá a cambiar esa persona. La sensación con que se quedan muchas veces es con la de que no ha servido de nada todo lo hablado, que están en el mismo punto, y que para qué volver a empezar si en unos meses o poco más van a tener que volver al punto de partida.

Hasta aquí, hay suficientes motivos para creer que esta gestión de algunos recursos por parte de fondos de inversión, puede deslegitimar el trabajo que se realiza por la reducción de objetivos conseguidos debido a esta gestión precaria. Pero el problema no queda aquí. El problema y, por ende, también la deslegitimación de esta Red, se puede ver profundamente agravado por las consecuencias secundarias o efectos colaterales de este modelo de gestión, o de adjudicación de la gestión para ser más exactas, que emplea la Comunidad de Madrid.

Como bien se sabe, la gestión de estos centros sale a concurso cada cierto período de tiempo, 3 o 4 años generalmente. La entrada y la competitividad de estos fondos de inversión a los concursos puede arrastrar a entidades más pequeñas a entrar en este juego perverso de la efectividad y la eficiencia basadas en la economía. Con esto nos referimos a que, para poder hacer frente a esa competencia y mantener la gestión de los centros, han de adoptar las mismas medidas que aplican esos fondos de inversión, es decir, aferrarse a convenios precarizados (y aun así cuestionados por la patronal), reducir “pequeños gastos” (aquellos imperceptibles de los que generalmente se benefician las personas atendidas), y prescindir de personal que no viene contemplado en pliegos (como pueda ser personal administrativo de las entidades).

Con esto queremos señalar el peligro de que esa gestión precarizante de los fondos de inversión se extienda, y se convierta en un mal endémico de la propia red de rehabilitación. Que este modelo de gestión indirecta o externalizada puede parecerse a una especie de monopoly de la rehabilitación, lo que puede dañarla gravemente. Pero no sólo a nivel de resultados, sino de legitimidad. Porque, preguntémonos por un momento, ¿qué legitimidad puede tener una red que trata de mitigar los efectos que los condicionantes sociales tienen en la salud mental de la sociedad, si está sometiendo a sus propios profesionales a sufrir esos mismos condicionantes sociales? Hace poco, en unas jornadas organizadas por una de estas entidades que gestionan parte de los recursos de la red de rehabilitación, la Comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad Belén González Callado, mencionaba en su exposición los riesgos, no solo de los condicionantes sociales, sino también de los determinantes comerciales⁴. Desde la AMSM nos preguntamos si esos condicionantes no están ya presentes y afectando, y no solo a las personas atendidas por esta red de rehabilitación, sino a las y los profesionales de la misma.

Enero de 2025. Junta de la Asociación Madrileña de Salud Mental