La Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Salud Mental alerta sobre la situación alarmante en el Centro de Salud Mental (CSM) de Arganda, reflejo de una crisis más amplia en la gestión de los recursos humanos de red de atención la salud mental del Servicio Madrileño de Salud. 

En las últimas dos semanas hemos sido testigos de la renuncia de dos psicólogas clínicas y una psiquiatra en el citado centro que se suma a la ya crítica falta de personal que adolece la zona. Esta situación, de la que venían alertando pacientes y profesionales, generaba y genera inadmisibles listas de espera, con tiempos para una primera consulta de hasta un año en psicología clínica y seis meses en psiquiatría. Más preocupante aún es la dilación en las consultas de seguimiento, esenciales para el adecuado tratamiento de los pacientes, que se extienden más de un mes para casos graves y hasta seis meses para los leves, haciendo inviable cualquier abordaje efectivo en salud mental.

La inacción frente a esta situación genera un círculo vicioso: el deterioro de las condiciones laborales para los profesionales que se quedan, lleva a una disminución en la calidad de atención e incremento de la ya insostenible saturación, incentivando aún más la marcha de especialistas hacia otras áreas o comunidades, lo que a su vez agrava la escasez de personal y perpetúa el ciclo.

Este panorama es el resultado de dos décadas de negligencia en la planificación de Recursos Humanos en salud mental. La falta de cobertura de jubilaciones, la normalización de modelos de contratación temporal y la precarización de las plantillas han socavado las bases de un sistema ya de por sí frágil. Ejemplo de esto  es la OPE de estabilización de psicología clínica y psiquiatría, pendiente de resolver, dónde se ha convocado una oferta que no llega a cubrir el 20% de los profesionales en ejercicio y donde se observan casos flagrantes en los que, a día de hoy, existen profesionales en ejercicio con más de 20 años de servicio en el SERMAS sin una plaza fija y en claro fraude de ley. Otro ejemplo es que muchos de los profesionales que trabajan en la red en la actualidad han podido llegar a acumular más de 40 contratos temporales entre los años 2008-2018.

Las proyecciones del Ministerio de Sanidad solo agravan la perspectiva, anticipando un déficit grave de psiquiatras en nuestra comunidad, que no se resolverá hasta 2035. A esto se suma el aumento de la demanda de servicios de salud mental, exacerbada por los recortes en sanidad y los efectos de la pandemia.

Ante este desalentador panorama, la respuesta de las autoridades dista mucho de una política de retención activa de profesionales. Las condiciones laborales siguen deteriorándose. A día de hoy no solo no se ofrecen incentivos que fomenten el ejercicio profesional en nuestra Comunidad, sino que en muchos casos las condiciones de trabajo no reúnen los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. La situación en el CSM de Arganda y su dependencia del hospital del Sureste, catalogado como centro de difícil cobertura del SERMAS -pero sin más medidas para abordar esta problemática-, es un claro ejemplo de la inacción y el desinterés por parte de la Consejería de Sanidad hacia los profesionales del sector. 

Desde la Asociación Madrileña de Salud Mental, al igual que han hecho las compañeras de otras asociaciones, instamos a la Consejería de Sanidad a llevar a cabo un plan de choque de retención de RRHH. Es imperativo abordar de manera integral la problemática de retención de especialistas en psicología clínica, psiquiatría y el resto de profesiones que trabajan en la red de atención a la salud mental (trabajo social, enfermeras especialistas, terapia ocupacional, educación social, etc.). De esta manera se garantiza la accesibilidad y la calidad de los servicios de salud mental para la población, asegurando al mismo tiempo un entorno de trabajo seguro y digno para todos los profesionales que trabajan en el. La salud mental de nuestra comunidad no puede esperar más.