EDITORIAL BOLETÍN DE LA AMSM.PRIMAVERA 2012

Tiempos duros, tiempos de lucha.

Al inicio de la crisis financiera parecía que ya no había lugar para el engaño. Como en el cuento del rey desnudo las políticas neoliberales nos mostraba sus vergüenzas y ya no había motivo para callar lo que se veía. Sin embargo, las explicaciones que tratan de imponernos los mismos que originaron la crisis para justificar las injustas medidas de ajuste y austeridad son también relatos engañosos. Dicen que vivíamos en una fiesta, pero sería la de ellos. Olvidan estas explicaciones que fueron los abusos de las entidades financieras, la política de la construcción y los políticos de la construcción los que generaron la deuda  que ahora tenemos que pagar los ciudadanos con prioridad absoluta, como bien dice ya nuestra constitución. Culpabilizan a los sistemas de protección social, a los empleados y servicios públicos, a los derechos laborales, a las prestaciones de desempleo, a los pacientes, a los pensionistas, a los inmigrantes sin papeles, a la universalidad de la educación y la sanidad de ser la causa del déficit público mientras perdonan a los evasores fiscales y salvan a los banqueros. Las medidas de austeridad para controlar el déficit público, los recortes, tomadas por los sucesivos gobiernos no solo parten de un engaño inmoral sino que los fines que persiguen son un engaño en sí mismos. No son medidas contra la crisis, no se trata de un esfuerzo transitorio. Se trata de medidas que atacan los pilares básicos del modelo social hasta ahora conseguido: la universalidad y la equidad. Los derechos sociales, no solo la educación, pensiones y sanidad, sino los mismos derechos laborales tienen que restringirse, hacerse selectivos entre los que disponen de ellos. Este es el espíritu del Real Decreto aprobado por el gobierno bajo el eufemismo de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Se trata de terminar con la universalidad de las prestaciones, de estratificar el acceso a las mismas, de redefinir a la baja la cartera de servicios. Marcan un horizonte en el que las familias asumirán mayores costes económicos de sus gastos sanitarios. No son medidas anticrisis son un expolio de los bienes comunes y de los derechos conquistados. Conviene recordar que ya en 1994 el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios impulsado porla Organización Mundial del Comercio apostaba por la liberalización (reducción/eliminación de regulaciones con el fin de fomentar el comercio) del sector servicios, en el que se encuentran actividades tales como la sanidad, la educación, la protección social, los transportes públicos o el agua, mercantilizando por tanto servicios públicos esenciales. Hace mucho tiempo que quieren cambiar el modelo y han encontrado la justificación. El objetivo final es dar un nuevo significado al término universalidad recortando prestaciones y en nombre de “la libertad” dar paso a los seguros privados. Se acelera así la desigualdad en materia sanitaria, caminado hacia una atención sanitaria de varias velocidades en función de los niveles de renta.

La situación dela Sanidadmadrileña en su conjunto, yla Salud Mentalen particular, viene condicionada por esta situación: recortes, privatizaciones y  re(des)organización asistencial. Los recortes en realidad no son nuevos. Desde la finalización del anterior Plan de Salud Mental, la inversión ha sido prácticamente inexistente. Las plantillas de los profesionales de los Centros de Salud Mental no han crecido desde hace varios años, pese al incremento constante de la demanda y de la sobrecarga de las agendas. Especialmente grave es la situación de los profesionales que trabajan en los programas de continuidad de cuidados (trabajadores sociales y personal de enfermería) que se mantiene en los mismos números de hace casi una década. Además desde hace tiempo las plantillas de profesionales se venían preparando para ser recortadas. Tras la convocatoria de las oposiciones de facultativos se ha creado una dualidad en los equipos entre el personal fijo y el personal eventual (que supone entre un 20 al 30% de los contratos). El personal eventual está ocupando plazas estructurales que antes se convertían en interinidades. Actualmente estos profesionales viven en la incertidumbre sobre la duración de sus contratos, hoy tres  meses, mañana seis y en diciembre ya se verá. Están en situación de despido permanente. A esto cabe añadir la pérdida del poder adquisitivo que los profesionales venimos sufriendo en los últimos años bien sea con la bajada de sueldo o con el incremento de la jornada laboral y la ausencia de perspectivas para los profesionales que terminan la residencia. Todo ello jalonado de un discurso socarrón y demagógico sobre la productividad de los empleados públicos, que pretende minar nuestra moral y desmovilizarnos.La Redde Rehabilitación también ha frenado su crecimiento y las consecuencias ya se empiezan a ver con un aumento en el tiempo de espera de los pacientes para acceder a los recursos y la sobrecarga de las familias. De momento se da por bueno que simplemente se haya rebajado un 5% el presupuesto asignado a cada centro y aumentado en un 5%  la capacidad de atención. Que se hayan salvado los muebles no esconde la fragilidad en que también se encuentrala Redde Rehabilitación a expensas de sila Consejeríade Familia y Asuntos Sociales decide también establecer algún tipo de copago al no considerarse un servicio sanitario básico y poder entrar en el circuito dela Leyde Dependencia.

El otro camino hacia los recortes es el proceso de privatización dela Redde Salud Mental. Si el año pasado el CSM de Moncloa pasó a ser gestionado por CAPIO este año les toca a los CSM de Navalcarnero, Torrejón, Arganzuela y Collado-Villalba. La privatización de estos centros supone romper los vínculos de los pacientes y las familias con los equipos que los atendían y con la incertidumbre del proyecto asistencial que se va a desarrollar, del que poco sabemos, mucho imaginamos y todo nos tememos. Supone además una agresión a los profesionales de estos equipos, que de la noche a la mañana serán reubicados o cesaran sus contratos. Pero no se trata solo de estas privatizaciones efectuadas y previstas, sino que todo el sistema sanitario madrileño se está metiendo en una lógica de mercado. La ley 15/97,la LOSCAMcon la separación de financiador y provisor, el Área Única yla Libre Elecciónson el marco normativo. En esa lógica el motor del sistema no es la solidaridad y responsabilidad sobre una población sino la competencia y la selección de pacientes adaptados a la oferta. La planificación sobre necesidades de salud desaparece y el sistema pasa a gobernarse por la oferta asistencial y la demanda. Los indicadores de salud se sustituyen por el fetichismo de los indicadores asistenciales (que dicen poco de los objetivos de salud) y el prestigio local de los profesionales se sustituye por el marketing y el estrellato sanitario. Es un terreno donde las empresarias sanitarias privadas se mueven como pez en el agua y donde se halla perdido todo el sistema. Se ha apostado por un modelo hospitalario, tecnológico, consumista, a través del cual se organiza la inversión asistencial, olvidando la atención cercana y las necesidades de cuidados de enfermos crónicos y sus familias. Es un modelo irracional y costoso para un sistema de salud público, pero una oportunidad para los intereses privados, que en último término se deben a sus accionistas. La sanidad madrileña se está descapitalizando en recursos materiales y humanos pasando a manos privadas y además se está hipotecando con bancos, constructoras y empresas sanitarias a las que tendremos que pagar durante décadas intereses en concepto de alquileres de hospitales y cánones por la asistencia.

En este panorama el modelo de Salud Mental que tenía como objeto la creación de una red de servicios coordinados capaz de dar una respuesta integrada a las complejas necesidades de las personas con enfermedad mental continúa desmantelándose, como venimos denunciando en los últimos editoriales.  Desaparecidala Oficinade Salud Mental como autoridad planificadora, cada gerencia hospitalaria impone en su zona de referencia el modelo que crea oportuno. Los principios de los programas de continuidad de cuidados (polivalencia e interdependencia de los dispositivos, cuidados longitudinales personalizados e intensivos, accesibilidad, trabajo multidisciplinar, etc), paradigma del trabajo en una red compleja, son invisibles para las gerencias e indicadores. Imponer un modelo vertical de consulta externa tipo hospitalaria, basado en el diagnóstico y la resolución rápida, a los problemas de salud mental implica un desconocimiento profundo de la complejidad de las intervenciones y de los equipos. Los resultados de la integración en las gerencias hospitalarias están siendo, salvo excepciones, contraproducentes para la red de salud mental.

Las personas con enfermedad mental y sus familias, especialmente aquellas de clases económicas más vulnerables (que suelen ser la que soportan más carga de enfermedad) van a sufrir especialmente los nuevos recortes, igual que sufren más la crisis o sufrirán más la reforma laboral. El máximo exponente de esta violencia es la limitación del acceso a las prestaciones que sufrirán los inmigrantes indocumentados con enfermedad mental que, desposeídos doblemente de su condición de personas, transitarán por las urgencias y las unidades de agudos sin poder acceder a la continuidad asistencial de los CSM o del equipo de calle. Los sin papeles se convierten una vez más en chivo expiatorio del sistema y en una categoría ejemplarizante donde puedan reflejarse con miedo otros grupos diana de ser excluidos (desempleados de larga duración, enfermos mentales mayores de 26 años incluidos en las tarjetas sanitarias de sus  padres, etc..).

Como profesionales no nos podemos resignar. Está en juego el Estado Social y de Derecho, el Sistema Nacional de Salud, el modelo de salud mental comunitaria, el empleo y los derechos laborales. Está en juego la democracia. Tenemos que aportar nuestro esfuerzo en las movilizaciones en defensa de los derechos conquistados, contra los recortes y las privatizaciones. Son tiempos duros, tiempos de lucha. Y ahí tenemos que estar.

                                                                       Junta dela AMSM.