Las trabajadoras y los trabajadores de los Centros de Atención a la Infancia (CAI) del Ayuntamiento de Madrid y del Programa de Atención a la Infancia en el Entorno Familiar (PAIEF) gestionados por Grupo 5, están en huelga indefinida desde el 8 de julio para reivindicar la precariedad de sus condiciones laborales.

Además, han convocado una Concentración frente al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social el próximo lunes 11 de julio a las 11:00 horas.

Denuncian llevar 6 años con el sueldo congelado, cobrar un 15% menos que el resto de la plantilla externalizada y un 45 % menos que el personal municipal de iguales funciones, rotación elevada de profesionales (en torno al 40 %), una muy deficiente cobertura de las bajas e inestabilidad en los equipos, con grandes dificultades de conciliación.

Desde la AMSM llevamos tiempo alertando de los riesgos de la concertación de los servicios públicos, especialmente con los fondos de inversión, cuyo principal interés es conseguir rentabilidad económica a corto plazo para poder vender las empresas con el máximo beneficio de sus accionistas.

Pero esto no es exclusivo de estas empresas. En el panorama actual las entidades que gestionan recursos sociosanitarios buscan diversas maneras de incrementar sus arcas, casi siempre a costa de los recursos humanos.

Un ejemplo claro ha sido la progresiva reducción del personal que daba cobertura desde servicios centrales a los recursos, con la consiguiente carga de tareas de gestión a los centros, especialmente a directores y administrativos. Otra manera de reducir costes es posponer la sustitución de los profesionales con bajas o excedencias, hasta que ya no tiene sentido la incorporación de alguien nuevo. Una práctica habitual es la “pseudosustitución”, la mayoría de las veces en los directores, cuyas funciones suelen ser parcialmente asumidas por compañeras o compañeros que, con una situación de sobrecarga previa, asumen la tarea de manera precaria. En este proceso larvado de retener capital también se producen supuestos “errores” en las nóminas a cuenta de complementos de antigüedad, de formación, y otras estrategias que precarizan la situación laboral de los trabajadores.

Como se puede observar, no siempre las estrategias son explícitas: en múltiples ocasiones son sibilinas, camufladas entre una apariencia de compromiso con la solución, un permanente “estamos en ello” y unas políticamente correctas disculpas por las demoras.

La vocación, la buena voluntad de los equipos y el paso del tiempo juegan siempre a favor. Con la mínima inversión de dinero los indicadores cuantitativos salen (a esto se le llama eficiencia), que en estos tiempos es lo que cuenta. El deterioro de los equipos, y con ellos de la atención, se invisibiliza.

En un contexto en el que los responsables institucionales exponen el celo por la calidad de los servicios y el reconocimiento de los equipos como herramienta imprescindible para conseguirla, llama la atención la facilidad con la que se asume que esta precariedad laboral “no afecta”, que da igual una cosa que otra, que hay que adaptarse porque son los tiempos que corren.

Ante esta situación repetidamente denunciada cabe preguntarse por el grado de complicidad de los responsables de la Consejería y Concejalía, que parecen permanentemente “confiados” en el buen hacer de las entidades gestoras, sustentados en unos mecanismos de control y auditoría cuyos criterios e indicadores quizás tendrían que revisarse y afinarse.  

Sin embargo, lo que nos pone en mayor riesgo de deterioro es la pasividad de los trabajadores.

Llama la atención la escasez de denuncias y de movilizaciones en el sector de la intervención social. Pareciera que hemos sido aleccionados en el riesgo de la crítica y domesticados en la aceptación de lo “irremediable “.

Por todo lo anterior, la Junta de la Asociación Madrileña de Salud Mental apoya las reivindicaciones de los profesionales de los centros de atención a la infancia para que se mejoren sus condiciones laborales y se garantice la estabilidad en las plantillas, lo que sin duda revertirá en la calidad de la atención prestada a las personas atendidas.