Consuelo Escudero. Psicologa Clínica. Equipo de infanto-juvenil de los SSM de Getafe.  Ponencia presentada en las XX jornadas de la AMSM “Singularidad vs Uniformidad”. Febrero 2014 

El modelo de atención a la salud mental que la Consejería  de Sanidad está implantando desde los últimos años tiene como objetivo adaptar la red sanitaria a las reglas del mercado. Todos los que trabajamos en la clínica sabemos, sin lugar a dudas, que una atención de calidad en salud mental precisa del trabajo en equipo y la coordinación con atención primaria, hospitales y otros dispositivos comunitarios y sociales.

La evaluación de la actividad asistencial que consideran las Direcciones Medicas, solo toma en cuenta las listas de espera y las llamadas consultas de alta resolución. En definitiva muchas consultas nuevas y pocas sucesivas, lo que dificulta enormemente disponer del tiempo necesario para realizar tratamientos de psicoterapia, con garantía y calidad.

La Administración además, no contabiliza para la provisión de recursos los datos asistenciales de los psicólogos clínicos, personal de enfermería, trabajadores sociales y otros profesionales, sólo tiene en cuenta los datos de los psiquiatras. Este hecho conduce, una vez más, a la invisibilidad de la Psicología Clínica y del resto de profesionales, en el sistema.

Si este modelo es inadecuado para los adultos, lo es todavía mas para la atención a niños y adolescentes. Es imposible en una consulta nueva de 45 m. o 1 hora, valorar la demanda de los padres, evaluar al niño y plantear el posible tratamiento. Todo esto si los padres colaboran, y si somos una especie de magos consumados y podemos hacer hablar al niño para que nos comunique lo que le pasa. Suponiendo que sea posible ver a los padres juntos y que no estén separados con un conflicto importante, lo que hace inviable una entrevista conjunta.

A esto hay que añadir que la frecuencia entre consultas es de 30 días de media. En trastornos reactivos o con niños muy pequeños esto solo sirve para que los síntomas se consoliden y producir yatrogenia, por no mencionar los trastornos mas graves. Las listas de espera se han incrementado considerablemente, sobre todo para Psicología Clínica y especialmente en la atención a niños y adolescentes (entre 4 y 6 meses de media).

Los recursos para los programas de niños y adolescentes han sido siempre menores que los destinados a adultos, es preciso señalar que no se cuenta con equipos de apoyo social comunitario, que son únicamente para la atención a adultos, ni con comunidades terapéuticas para adolescentes con graves trastornos de comportamiento, pedidas desde hace años con la presentación de varios proyectos, sin ningún resultado.

Los tiempos para la coordinación con otros equipos y dispositivos, no se consignan en las agendas, lo que unido a la presión asistencial lleva al abandono progresivo de las coordinaciones, originando múltiples problemas con Atención Primaria, Servicios sociales y Equipos escolares, y el deterioro del trabajo en red.

Los criterios de derivación psiquiatra/psicólogo clínico desde los equipos de primaria, resultan disfuncionales. Impiden el reparto en los equipos en función de las necesidades del caso y del profesional más adecuado, lo que dificulta el trabajo en equipo interdisciplinario, originando listas de derivación internas. Además se derivan a los psicólogos clínicos trastornos menores lo que supone un desaprovechamiento de sus competencias y la discriminación en la atención al paciente grave. En ocasiones hay derivaciones simultáneas a psiquiatra, psicólogo clínico y neurólogo.

Desde Servicios Sociales se inician intervenciones que se superponen con las que se realizan desde los equipos de S.M., sobre todo con padres en conflicto, o menores conflictivos. Es prácticamente imposible asistir a las Comisiones de Apoyo Familiar donde se valoran casos graves de malos tratos o desprotección y que requieren a veces la retirada de la guarda o tutela.

Desde los colegios se indica a los padres que pidan consulta en S.M y en ocasiones al neurólogo de forma simultánea, a través de atención primaria sin informes ni valoraciones de ningún tipo.

A estos problemas se suman los que se derivan de los recortes en dispositivos y servicios de salud mental. Reducción de plantillas, jubilaciones forzosas que se amortizan, bajas que no se cubren y renovaciones de contratos eventuales con criterios opacos. La ratio de profesionales en CSM ha disminuido un 5% desde 2007, la de psicólogos clínicos ni siquiera ha aumentado antes de esa fecha, por tanto la disminución es mayor y algunas plazas se han reconvertido para Psiquiatría. Y todo esto a pesar de que El Libro Blanco de RRHH señala que harían falta nada menos que 7.200 psicólogos clínicos en el sistema.

Los tratamientos de logopedia, para trastornos de lecto-escritura de los menores de 14 años, están incluidos en la Cartera de servicios del SNS si forman parte de un cuadro patológico tratado en el sistema. Pero en la práctica solo se pueden derivar a tratamiento, desde los equipos de S.M., los que conllevan un diagnóstico de Trastorno del espectro autista o TDAH. El resto solo para diagnóstico diferencial con informe de los equipos de orientación que se tienen que hacer cargo del tratamiento. Los menores de 6 años que presentan retraso madurativo se derivan a los centros de atención temprana, concertados por el Instituto de la Familia y el Menor, de la Consejería de Asuntos Sociales.

Naturalmente los recortes en otros dispositivos repercuten en la calidad de la atención y la sostenibilidad de la red comunitaria. Los equipos de atención temprana, citados arriba, tienen listas de espera de hasta 6 meses de media.

En los equipos de familia de servicios sociales se han recortado profesionales y programas, de mediación familiar y apoyo domiciliario, no hay ya desde hace tiempo educadores de calle. Los puntos de encuentro, donde se realizan las visitas familiares de los menores con alguna medida de protección, están saturados y en ocasiones tardan hasta 4 y 5 meses en poderse realizar aun con sentencia judicial. Las residencias de menores, que acogen a niños y adolescentes a cuyos padres se les ha retirado la guarda o tutela, por decisión de la Comisión de Tutela del Menor, como consecuencia de abandono o maltrato, no tienen apenas plazas disponibles. En ocasiones se retrasa su ingreso permaneciendo en la familia a pesar de que es una situación de alto riesgo.

En el entorno escolar se han recortado orientadores y profesores especialistas en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, haciendo prácticamente imposible la integración de niños con necesidades educativas especiales.

20 de febrero de 2014

Consuelo Escudero