Lecciones de la marea blanca (Editorial del Boletín invierno 2013)

Desde hace años y acelerado con la excusa de la crisis se está produciendo el desmantelamiento de las conquistas sociales en materia de protección social, educación, justicia o derechos laborales. Como hemos venido señalando en los editoriales de los últimos años el camino hacia la privatización de la sanidad tiene un largo recorrido que discurre paralelo a este desmantelamiento. Vamos hacia un modelo de sociedad con una mayor desigualdad, gestionado por un Estado asistencial que sobrecarga a la familia y que hace al individuo responsable último de los riesgos de su existencia. En materia sanitaria el horizonte no es otro que terminar con el sistema sanitario universal y sufragado por impuestos. La contundente y masiva respuesta de los ciudadanos y profesionales sanitarios a los recortes en el gasto sanitario público y  en contra de las medidas privatizadoras del gobierno de la Comunidad de Madrid  tiene que ver con que han tocado unos de los temas más sensibles para la población. Con la salud ni se juega ni se negocia.

Con la marea blanca hemos aprendido cómo funciona el mercado sanitario, quienes son los proveedores privados, quienes son sus accionistas, en qué condiciones se les dan las concesiones, cuánto y cómo consiguen maximizar su beneficio, cual es la letra pequeña, cual es su coste a largo plazo y que posibles consecuencias puede tener en los indicadores de salud y en la equidad de las prestaciones. Hemos tomado conciencia de que los responsables políticos no han tenido ningún interés en modernizar la gestión pública, que han tenido oportunidades para mejorar la eficiencia del sistema y no lo han hecho por una mezcla de ineptitud, decisiones electoralistas, integrismos  ideológicos e intereses económicos. Hemos puesto sobre la mesa que las decisiones políticas que implican un cambio de modelo sanitario no pueden tomarse en un despacho, en hoteles de lujo o en una asamblea parlamentaria jugando a apalabrados, sino que tienen que ser debatidas con los ciudadanos, los profesionales, los agentes sociales, en definitiva con eso que les gusta llamar la sociedad civil. Se han debatido alternativas para mejorar la organización asistencial, para aumentar su productividad, su eficiencia, sin que se transforme el modelo y sin que repercuta en la calidad asistencial. Se está empezando a tomar más conciencia de la responsabilidad que tenemos en los costes de las decisiones clínicas que adoptamos, porque ahí también se defiende la sanidad pública.

A estas alturas ha quedado claro que lo que se traen entre manos no es la mejora de la sanidad pública sino introducir mecanismos de mercado y abrir paso al sector privado con ánimo de lucro con el argumento de que la gestión pública es menos eficiente. Un sector privado en creciente expansión, con entramados empresariales complejos, opacos y con connivencias políticas, que moviéndose en el margen de la legalidad carecen de toda ética. ¿Puede decir el  Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, un hombre que ha estado al servicio de la sanidad privada gran parte de su vida, que no tiene conflictos de intereses? ¿Puede esperarse de una administración que ensalza las bondades de la gestión privada con argumentos teológicos que ejerza una función de control público eficiente? ¿Puede alguien asegurarnos que la sostenibilidad del sistema sanitario no quedará en manos de los intereses de los accionistas de los fondos de inversión de capital de riesgo que hay detrás de algunas de estas empresas? ¿Pueden afirmar que empresas que tienen su negocio en los seguros privados no van a tener conflictos de intereses cuando pasen a gestionar hospitales y centros de salud públicos? Las razones están claras, la atención sanitaria es una oportunidad de negocio. Los demás argumentos son cuentos chinos.

Pero este relato tiene un coste político, así que necesitamos de una ideología que nos lo disfrace y ahí tenemos la ortodoxia del libre mercado que nos dice que todos los problemas se solucionan dejando que las fuerzas de la oferta y la demanda hagan su trabajo. Creen que la búsqueda de beneficio de unos pocos sirve al interés general, ya sea en actividades como la producción de coches o en la protección de la salud. La idea de que en un entorno de mercado competitivo las empresas sanitarias mejorarán la productividad y calidad asistencial para lograr mantener la fidelidad de sus clientes asignados es una impostura intelectual, otro cuento chino. La gestión pública es para ellos un lastre para el dinamismo de la “sociedad” (en realidad se refieren a sociedades empresariales de unos pocos). Que este empecinamiento ideológico lo sostengan los responsables de la cosa pública es preocupante. En palabras de Burgueño, recordando sus tiempos de médico rural y de igualas: “creíamos que la profesión médica en su pura esencia era una profesión liberal, que tiene un contrato sagrado con el enfermo que jamás podía ser perturbado por el Estado”. ¿Acaso perturban menos los intereses de lucro de las empresas sanitarias en ese contrato sagrado con el enfermo?. Conocemos ya como funcionan estos experimentos allá donde se están practicando. La gestión privada supone a largo plazo unos sobrecostes que acabamos asumiendo los ciudadanos o bien renegociando al alza el dinero que se da a las concesionarias o bien disminuyendo la calidad asistencial. Estos son hechos y no ideología.

Como también es un hecho y no un cuento chino ideológico que las condiciones de mercado en las que operan las empresas sanitarias están desvirtuadas en su favor con pliegos de condiciones que les evita asumir ciertas responsabilidades (como por ejemplo las urgencias psiquiátricas y hospitalización en Torrejón o Valdemoro),  favoreciendo la selección de riesgos ya desde la casilla de salida, con el manto protector de los hospitales públicos para los procesos complejos. Mientras se potencian las intervenciones rentables, como por ejemplo la evaluación de pacientes nuevos, da igual cuando se le dé la segunda cita. Incluso, sin forzar mucho la máquina de la sospecha, parecería que el sistema de citación del “call center” está diseñado para favorecer la derivación a estos hospitales privados, como por ejemplo está sucediendo en Navalcarnero, que ignora la existencia de un centro de salud mental público en la zona.  Algún malpensado podría considerar que se trata de una competencia desleal.

La estrategia para llevar a cabo este cambio de modelo sanitario ha seguido tres ejes principales. En primer lugar mediante la estigmatización de los servicios y empleados públicos, recurriendo a los estereotipos de falta de eficiencia y de productividad. Lo dicen aquellos que para mejorar la motivación de los profesionales mantiene hasta un tercio de los profesionales con contratos eventuales desde hace más de cinco años. ¿Es este un buen estimulo para la productividad de los profesionales? Lo dicen aquellos que teniendo la responsabilidad de la política sanitaria desde hace muchos años no han tenido ningún interés en realizar mejoras en la gestión pública sino  que han volcado todo sus esfuerzo en preparar la organización sanitaria para su privatización. En segundo lugar los recortes y las asignaciones presupuestarias han perjudicado sistemáticamente a los hospitales de gestión pública a favor de los hospitales privados y semiprivados, con una total falta de transparencia. En tercer lugar mediante los cambios legislativos necesarios para preparar el sistema para el cambio de modelo: nuevas formas de gestión que permiten la entrada de empresas con ánimo de lucro a gestionar centros públicos, creación de un mercado de proveedores, planificación basada en la competencia, desmantelamiento de las áreas sanitarias y terminar con el principio de universalidad de  la atención (desde mediados del año pasado el derecho a la sanidad pública está vinculado a la condición de cotizante o beneficiario de la Seguridad Social).  .

Desde hace tiempo venimos denunciando como estas estrategias de transición hacia la privatización están teniendo efectos negativos sobre la atención en salud mental. No ha habido ningún interés en hacer una verdadera planificación, ni en establecer estructuras de gestión integradas entre los distintos dispositivos, ni adecuar las necesidades a las demandas, ni mejorar la eficiencia de los servicios, ni evaluar las prácticas. Se está dejando morir un modelo de atención que costó mucho tiempo diseñar y que necesitaba reformarse pero no desmantelarse. Y ya empezamos a conocer algunos de los efectos en la atención a la salud mental de los recortes y las privatizaciones, que son dos caras de una misma moneda. Por un lado tenemos los recortes en los centros públicos bien sea con cierres de camas psiquiátricas en hospitales públicos, como el Gregorio Marañón o el Hospital de Móstoles, bien sea con los despidos de eventuales que ya han comenzado, sin ningún tipo de criterio, suponiendo en algunos casos el cierre de agendas de 400 pacientes, el desmantelamiento de equipos de infantil o tener que gestionar unidades de rehabilitación de 40 camas con un solo psiquiatra, por poner algunos ejemplos. Por otro lado, vemos como la atención en salud mental en los hospitales de gestión privada ya existente se organiza según la lógica del proveedor y del beneficio, sin más modelo que el de asegurar la rentabilidad. Así, por ejemplo, la ausencia de camas psiquiátricas o servicio de urgencias en el hospital de Valdemoro y el de Torrejón se soluciona o bien subcontratando estos servicios con una clínica psiquiátrica privada o bien derivando los pacientes a un hospital del mismo grupo a más de 30 km. O como los centros de salud mental se desdibujan, pasando a modelos de consulta externa, donde se incentiva la evaluación sobre cualquier otra actividad y con los mismos profesionales se pretenden atender actividades hospitalarias y extrahospitalarias. Y lo hacen porque se lo permiten.

En definitiva la marea blanca ha sido una lección de debate democrático y defensa del espacio público. La amenaza de transformación del modelo sanitario nos ha hecho ser aún más conscientes de que las mejoras del modelo actual de atención en salud mental no pueden realizarse en un marco de mercado sanitario. Hoy hablamos de defender la sanidad pública, pero no podemos tampoco dejar de fijarnos en la amenaza que existe sobre la red de rehabilitación o los recortes en la red de drogas. Mirado todo en conjunto hay muchas más razones para seguir luchando.

Junta de la AMSM.

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