COMUNICADO DE LA JUNTA DE LA AMSM SOBRE LOS RECORTES EN LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS DROGODEPENDIENTES:

            Usuarios y profesionales de la red de atención a drogodependientes se están viendo ya afectados por los recortes presupuestarios y el desmantelamiento efectivo de este servicio público. Al parecer, como no hay un registro oficial unificado de los recursos ni de profesionales, los mismos interesados se están enterando de los cambios y recortes por el boca a boca, sin ninguna información transmitida de forma oficial, sino comunicando los cierres y despidos a las personas directamente afectadas.

            Algunas de las informaciones aportadas son el cierre a final del 2011 del Centro Asistencial de Reducción de Daños, más conocida como “la narcosala”, de las Barranquillas (depende de una empresa subcontratada por la Comunidad de Madrid, unos 60 trabajadores) y en febrero cierra la Comunidad Terapéutica de Batán (depende de Proyecto Hombre). También van a cerrar pisos de tratamiento (es difícil concretar exactamente cuántos son, porque parece que van a reorganizarlos, pero por supuesto van a reducir el número de plazas). En Móstoles trabajala ONG Punto Omega y van a despedir a 40 trabajadores. Llama la atención que incluso Proyecto Hombre (Fundación CES-PH, Centro Español de Solidaridad-Proyecto Hombre) esté teniendo problemas económicos (en noviembre presentó un ERE de extinción de 119 puestos de trabajo), cuando siempre ha tenido importantes apoyos institucionales y de la iglesia.

            Además, dentro de la red hay muchas diferencias entre los centros y programas, haciendo el mismo trabajo, es decir las condiciones cambian según para la empresa para la que se trabaja. Hay cuatro CAIDs (Centros de Atención Integral a Drogodependientes) que dependen de empresas privadas subcontratadas porla Comunidadde Madrid. Los CAIDs de los pueblos de Madrid tienen convenios conla Agencia Antidroga pero dependen del ayuntamiento en el que estén. El Ayuntamiento de Madrid ha pasado recientemente la competencia de los CAD que gestionaba a la Comunidad de Madrid. En este contexto algunos trabajadores incluso temen por su futuro ante la posibilidad de que se consideren duplicidades de centros.

            Aparte de estos cierres, desde hace un año en los CAIDs, se ha impuesto desde la Agencia Antidroga un cambio de modelo de trabajo. De una intervención biopsicosocial, se ha pasado a una intervención basada en los sanitarios (psicólogo y médico, dejando al margen a trabajador social y educador social). De hecho, ellos no pueden tener acceso a la historia clínica. Han modificado los informes de derivación y han dificultado el ingreso de los pacientes (ejemplo: sanción de un año para el paciente expulsado o que solicite el alta voluntaria, no pudiendo solicitar ingreso de nuevo en otro recurso en ese período de 12 meses). Están acortando prácticamente a la mitad los tiempos de los tratamientos.

           En resumen, junto a la trascendencia y gravedad de los hechos que ya están ocurriendo actualmente en cuanto a la afectación en la atención a los usuarios, y a nivel laboral a los trabajadores, es también muy preocupante el citado cambio de modelo de atención, asistencialista en lugar de un abordaje biopsicosocial multidisciplinar integrado.

            Conviene recordar quela Red de Rehabilitación Psicosocial para personas con enfermedad mental grave y duradera, ya comparte con la de drogas el modelo de provisión de unos servicios públicos principalmente a través de empresas privadas, que como estamos comprobando, son más fácilmente vulnerables a cambios o reestructuraciones que supongan deterioros efectivos en la calidad asistencial y en las condiciones laborales.

            En cuanto a la Red  Sanitaria de Salud Mental para la población general, aún predominantemente pública, ya comienzan a tomar posiciones (todavía en las filas de atrás pero con presencia efectiva) las empresas privadas que como Capio, participan también en nuestros debates asistenciales.

            Estas son algunas de las consecuencias de la aplicación de las políticas neoliberales que tanto el PP como el PSOE han aceptado llevar a cabo, tanto en la organización de algunos servicios públicos en periodos de estabilidad económica como en las medidas aplicadas como soluciones en el contexto de la actual crisis económica.

            En definitiva, la defensa de nuestro Modelo Comunitario de Atención a la Salud Mental debería implicar el rechazo frontal al proceso de privatización que se está llevando a cabo y a las políticas neoliberales subyacentes a este proceso, sea cual sea el partido político que las ejecute, así como la solidaridad con todos los colectivos afectados por estos cambios como la situación que ahora denunciamos que están sufriendo las personas relacionadas conla Red de Atención a Personas Drogodependientes.

                                                                         Madrid a 20 de Enero de 2012

            Junta de la Asociación Madrileña de Salud Mental

comunicado de la AMSM sobre los recortes en la Red de atención a drogodependencias. Enero 2012