Sin apenas respiro pasamos de las últimas elecciones autonómicas a las generales y ya se  están descontando, como hacen los mercados financieros, los efectos del día des- pués del 20 de noviembre. Sin cambios en la dirección de la Consejería de Sanidad, todo está como estaba pero se empiezan a tomar decisiones dentro de la red que ade- lantan lo que nos espera en los próximos meses con el argumento de la reducción del déficit y de la “solidaridad de los profesionales” con la crisis. Ya se está preparando el borrador de la carta que Esperanza Aguirre remitirá a todos los sanitarios: un corta y pega de la que ha remitido a todos y cada uno de los docentes de Educación Secundaria y Bachillerato con la nómina de agosto, donde tras incrementarles el nú- mero de horas lectivas les dice: “Soy plenamente consciente de que se les está pidien- do un mayor esfuerzo. Pero pueden estar seguros de que ese esfuerzo no se les pediría si no fuera totalmente necesario, dada la situación crítica por la que atraviesa nuestro país. Basta con mirar alrededor o leer la prensa diaria para comprobar cómo los co- mercios cierran, las empresas despiden, los jóvenes van a engrosar las listas del paro y cada día hay más familias con todos sus miembros desempleados”. Se nota en el tono de la presidenta esa satisfacción con retranca del que siente que al fin se dan las con- diciones que lleva esperando para poder llevar a cabo sus planes: el desmantelamiento de los servicios públicos. Es la misma expresión que transmite la Presidenta de la Comunidad de Castilla la Mancha cuando anuncia una reducción del 20% de los pre- supuestos de su Comunidad. Ahí están ellas, con la misma expresión del gato Silvestre que se acaba de zampar al canario Piolín. Y todo con unas elecciones generales que no han llegado pero que ya se dan por descontadas. En la anterior legislatura, la aprobación del Plan Estratégico de Salud Mental 2010- 2014, la aprobación y puesta en marcha de los decretos de área única y libre elección, junto a la desaparición de las áreas sanitarias, la centralización de la atención en las ge rencias hospitalarias y la desaparición de las funciones ejecutivas de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental supuso una quiebra radical en un modelo de aten- ción que tenía por objetivo la creación de una red única de salud mental capaz de dar una respuesta integral a las necesidades diversas y cada vez más complejas de las perso- nas con enfermedad mental. Entonces se apostó por un modelo muy medicalizado que dejaba fuera de sus prioridades las intervenciones psicoterapéuticas, psicosociales y en el ámbito territorial y de relación de las personas con enfermedad mental y fuera de su incumbencia y al albur de la generosidad y recursos de la Consejería de Servicios Sociales, aspectos tan determinantes para el manejo, evolución y calidad de vida de las personas con Trastornos Mentales Graves como es la Recuperación y Rehabilitación Psicosocial. El resultado está ahí: la red se ha convertido en un conjunto de dispositivos fragmentados, dependientes de unas gerencias hospitalarias con distintos modelos de gestión y con objetivos y formas de funcionar muy diversos; pero donde prima el nú- mero de consultas nuevas psiquiátricas, el bajo tiempo de demora hasta la primera con- sulta psiquiátrica, las consultas de alta resolución y una muy baja ratio de consultas su- cesivas psiquiátricas/consultas nuevas psiquiátricas por que estos son los indicadores de los que les pide cuenta la Consejería cada mes y en función de los cuales se asignan presupuestos. Los equipos, el trabajo de los demás profesionales y las demás interven- ciones están y son imprescindibles, incluso se registran; pero no se tienen en cuenta co- mo necesidad a cubrir y por lo tanto no generan necesidad. Se han suprimido la mayo- ría de los órganos colegiados de gestión y de coordinación, cada dispositivo se las ven- tila como puede con su Director Médico, y ya funcionan muy pocas Comisiones de Rehabilitación de Área y sus decisiones y gestión de las listas de espera de acceso a los dispositivos hospitalarios de rehabilitación y cuidados psiquiátricos prolongados son suplantadas, con frecuencia, por acuerdos personales entre profesionales y personas in- fluyentes con la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental que es la que firma los ingresos. Los problemas de la Red de Rehabilitación son otros. La Red de Rehabilitación de- pendiente de la Consejería de Servicios Sociales se ha convertido en los últimos 8 años en un pilar básico de la atención a los trastornos mentales graves; pero los pro- blemas financieros de los últimos 2 años han dejado en el dique seco la actualización y crecimiento de los dispositivos. Las consecuencias están ahí: se empiezan a alargar las listas de espera, para algunos Centros de Rehabilitación Psicosocial y Centros de Día ya están por encima de 18 meses, y se modifican a la baja los criterios de funcionamiento de los re- cursos: se acortan los periodos de estancia de las Minirresidencias, se priorizan intervenciones de corta duración y se dan altas sin que se culmi- nen los procesos rehabilitadores y sin alternati- vas a los mismo fuera de estos dispositivos. La fragilidad del modelo de Madrid estaba ahí: de- jar la financiación del programa de Rehabilitación en manos de las Obras Sociales de Cajas, Bancos y Empresas era perder el con- trol de su continuidad. La crisis económica afec- tará a todo el sistema pero lo hará de una mane ra mucho más intensa a los Programas de Rehabilitación. La solución pasa por asumir que la Rehabilitación Psicosocial es una prestación sanitaria, reconocida como tal por el Ministerio de Sanidad, y por lo tanto debe ser una prestación de cuya fi- nanciación se haga cargo la Consejería de Sanidad. Y ahora llegan los recortes. Las medidas de reducción de perso- nal, no renovando contratos eventuales, ya se han empezado a ejecutar en Leganés y no serán las últimas. Los recortes llevan el argumento de la crisis pero tienen un sello muy ideológico. Los despidos de Leganés lo tienen como lo tiene el cierre de camas y consultas públicas llevado a cabo por el gobierno de CIU con el apoyo del PP en Cataluña, o los recortes en Castilla La Mancha que llegan hasta la eliminación de prestaciones como la de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y el mejor ejemplo está en Madrid donde se plantea el cierre del CSM de Torrejón tras su privatización y concesión al grupo de empresas liderado por Ribera Salud, con dispersión de los profesionales fijos y no reno- vación de los eventuales, al tiempo que se inaugura el Hospital de Torrejón de gestión enteramente privada. Este es el modelo de recorte. Un modelo que se venía preparando en los últimos años con una política de personal que ha favorecido la precarie- dad laboral, más del 40% de los profesionales de la red tienen contratos eventuales o interinos, y que se va a aplicar en un mar- co organizativo sin referencias ni compromisos poblacionales: la oferta asistencial se podrá concentrar, reducir o eliminar sin más. Los pacientes tendrán libertad para elegir y seguir buscando don- de les atiendan si sus antiguos profesionales y dispositivos de re- ferencia no tienen capacidad o han desaparecido. La propuesta que hacíamos en nuestro último editorial de la necesidad de un cambio de rumbo en la atención a la salud mental sigue siendo más necesaria hoy que hace seis meses. Estamos en periodo electoral y las decisiones que se están tomando por parte del gobierno de la Comunidad de Ma- drid, más allá de la crisis económica, no son sino otra vuel- ta de tuerca al desmantelamiento de la red sanitaria pública. Hay cosas que hacer y que se pueden hacer y la comunidad educativa (profesores, alumnos, padres de alumnos, asocia- ciones y sindicatos) con sus acciones ante los recortes en educación nos están señalando el camino.