Lo primero que queremos, y debemos, expresar con esta nota es el total apoyo a las compañeras que trabajan, o trabajaban (dada la renuncia a su puesto de trabajo de más de 50 personas) en la red de rehabilitación para una de las entidades que gran número de recursos de la misma gestiona. Porque sí, como ya hemos comentado anteriormente, la red de rehabilitación, o de atención social a la Salud Mental, es igual de importante, si no más, por el sostén que han de proporcionar dentro de un modelo comunitario de atención. Es por ello que queremos mostrar nuestra solidaridad con todas esas personas, con todas ellas. Con las que justificadamente y debido a las bajadas temerarias de su salario han renunciado al puesto, así como con las que a pesar de ello se mantienen en el mismo, y sobre todo, con las personas que precisan del trabajo de esas profesionales en sus respectivos recursos.

Ya hace tiempo venimos advirtiendo de la situación alarmante en la que se encuentra la red de rehabilitación de la Comunidad de Madrid y, tristemente, ahora podemos constatar que esas advertencias se están haciendo realidad. Lo advertimos cuando publicamos “Riesgos de que un fondo de inversión gestione un servicio público, o de por qué una víbora no es un hámster”, y lo volvimos a hacer en “El “Monopoly” de la rehabilitación: jugando a deslegitimar la red de rehabilitación en la Comunidad de Madrid”. El modelo de gestión de la Comunidad actualmente lleva a muchas entidades a entrar en el juego de las inversiones, con todos los riesgos que ello conlleva. Y esta dinámica siempre deriva en lo mismo, en la vulneración de derechos de las personas. De muchas personas, muchas de ellas trabajadoras y, muchas otras más, usuarias de los servicios de esta red, o lo que es lo mismo, personas ya vulneradas previamente. Y cuando se atenta contra los derechos de las personas, se atenta contra su dignidad.

Y no se trata aquí de señalar a la entidad en cuestión, porque de esa manera estaríamos cayendo en la acusación fácil, en la trampa de la engañifa disuasoria. El problema va mucho más allá y esconde un trasfondo algo más complejo y más perverso. No se trata, o al menos de manera exclusiva, de un problema de la entidad que gestiona, sino del modelo de gestión aplicado a esta red, la gestión indirecta. El concurso, o la subasta podríamos decir ya a estas alturas, de la gestión de los recursos por parte de entidades privadas, fundaciones, etc. No es muy difícil llegar a la conclusión de que en un sistema capitalista, más servicios por un mismo precio, implica necesariamente una menor calidad de los mismos.

Tampoco es difícil comprobar que ese aumento de servicios por el mismo precio tiene un coste. Un coste que siempre pagan las mismas personas. Por un lado el coste económico lo pagan las personas trabajadoras con la merma de sus condiciones laborales y de su poder adquisitivo (el cual se está viendo fuertemente afectado desde la crisis de 2008), y por otro lado las personas que precisan de los servicios de esos recursos de una manera apropiada y eficaz. Pero no pretendemos ahondar en este problema, puesto que para ello se puede acudir a los comunicados señalados anteriormente.

Uno de los aspectos que nos preocupa profundamente, y al que queremos referirnos con ese trasfondo complejo, es el de la defensa del modelo de atención comunitario que caracteriza a esta red. Porque como se podrá imaginar, en un modelo de gestión capitalista en el que “el cliente siempre tiene la razón”, cabe hacerse la pregunta de si está preparado para defender y sostener los valores y los principios que dieron origen a la red de rehabilitación. Dicho en otras palabras, nos genera serias dudas que unas entidades que van a sacar provecho o tajada en el sentido más monetario posible, vayan a priorizar llegado el momento  los derechos y la dignidad de las personas que conforman ese entramado de recursos, ya sea desde el lado profesional, o desde la posición de usuario o usuaria. Bueno, en realidad no nos caben dudas. Lo que está sucediendo con esta entidad es prueba de que todas estas cuestiones quedan en segundo plano cuando llegan tiempos de vacas flacas. Una defensa del modelo que se tambalea aún más cuando vemos que esta precarización lo que genera, y la movilidad de personal viene a confirmar, es que la red se nutre de muchas y muchos profesionales con poca experiencia, y seguramente, con gran desconocimiento de esos valores que mencionábamos. Y no pretendemos, ni mucho menos, cuestionar la profesionalidad de esas personas, sino que esta cuestión nos vuelve a remitir a si las entidades gestoras se preocuparán de transmitir ese modelo y esos valores con la firmeza que consideramos pertinente.

Pero, como decíamos, no solo hay un trasfondo complejo, sino también perverso. Perverso desde el punto de vista de la responsabilidad, tanto del sistema en sí como de la administración que lo gestiona. Porque un sistema y una administración que no velan ni se aseguran del buen funcionamiento de estos recursos, son un sistema y una administración irresponsables. Queremos recordar que toda esta red de recursos nace de varios derechos constitucionales, como puedan ser la Ley General Sanitaria, o los artículos que promueven la creación y existencia de prestaciones sociales para garantizar la igualdad y la calidad de vida, o una vida digna, entre otros. Dicho con otras palabras, o de manera resumida, esta red es una necesidad y una vía hacia la calidad de vida de las personas que hacen uso de ella, y por lo tanto, un derecho constitucional. Y un derecho, no puede ser un producto de supermercado. La Constitución, no puede convertirse en un catálogo de productos ad hoc para las grandes economías y fondos de inversión.

Es por ello que, para favorecer el buscar la consecución de los objetivos que promovieron la creación de esta red, y en los que seguimos creyendo de manera firme, consideramos que la gestión de estos recursos debería ser completamente pública. Pero ya que esto no es así, y tampoco hay visos de que vaya a serlo, al menos desde los órganos competentes de la Comunidad de Madrid deberían establecerse unos procedimientos mínimos para garantizar que esa gestión se produce de manera correcta, ya que si no, lo que se está produciendo es un grave menoscabo de los derechos, tanto de las personas empleadas en estos recursos, como de las personas que precisan de ellos para poder acercarse a una vida con unas condiciones mínimamente dignas.

Tristemente, y lejos de atisbarse indicios de cambio respecto a estos graves acontecimientos, nos encontramos con un doloroso silencio por parte de las instituciones públicas y sus (nuestros) representantes. Ojalá esta situación cambie en breves. Aunque solo sea por limpiar la mala imagen que arroja este silencio institucional.

No podemos despedir esta nota sin mostrar de nuevo nuestro apoyo y solidaridad a todas las personas que de manera directa o indirecta se están viendo afectadas, y nuestra más profunda repulsa, tanto a lo que está sucediendo, como a las causas que lo están motivando. Fuerza y ánimo, compañeras y compañeros.

Junta directiva de la AMSM