La conducta suicida constituye una de la razones de ser fundamentales de la atención a la salud mental. La mayor parte de nuestra actividad gira en torno a este tema: si está presente porque lo está y si no lo está nunca la podemos perder de vista. La conducta suicida puede darse en personas que no padecen ninguna enfermedad mental; pero es más frecuente en personas que sufren trastornos mentales ya como expresión del sufrimiento psíquico que subyace o bien por las situaciones de exclusión o estigma que padecen. No hay Trastorno Mental en el que no pueda estar presente la conducta suicida y las características clínicas de la misma, la limitación funcional y el riesgo para la vida que se dan  en una persona que padece una esquizofrenia, no son los mismos que en la que padece una depresión, un  trastorno bipolar, un trastorno de personalidad, un trastorno por uso de sustancias psicotrópicas o una reacción de adaptación y, aunque la conducta suicida puede irrumpir de forma brusca y aislada y convertirse en el único foco de necesidad de atención,  en las mayoría de las ocasiones forma parte de las reagudizaciones, recaídas o situaciones sociales de estos trastornos mentales que tienden a la persistencia y precisan de tratamiento y seguimientos prolongados.

 Por tanto, la cobertura de la conducta suicida no se puede desligar del tratamiento de los trastornos mentales y el programa de atención al riesgo suicida solo tiene cabida en una Red de Atención a la Salud Mental comprometida, accesible y con profesionales de referencia para cada paciente que facilite la búsqueda de ayuda y la intervención rápida en las recaídas y situaciones de crisis. Sin embargo,  las decisiones de la Consejería de Sanidad de los últimos años como la eliminación de las Áreas sanitarias y la privatización de la actividad asistencial de una parte de la red han facilitado la desresponsabilización de los dispositivos asistenciales de los pacientes más graves. Lo mismo que la adscripción de los Centros de Salud Mental a las Gerencias hospitalarias que se ha traducido en  un cambio en las prioridades con un desvío de los recursos hacía consultas rápidas y de alta resolución para procesos agudos a costa de la atención y seguimiento de los trastornos mentales persistentes, lo que unido a la precariedad de recursos para intervenciones psicoterapéuticas y de rehabilitación psicosocial han llevado a una pérdida de calidad de la atención de estos trastorno y un mayor riesgo de recaídas y situaciones de crisis,  y todo ello no ha supuesto si no un importante deterioro de la red de salud mental en su capacidad para atender los trastornos mentales graves, su abordaje integral y el manejo de las situaciones de crisis lo que repercute de manera directa en la cobertura del riesgo suicida

  En este sentido, la última decisión de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental respecto a la atención del riesgo suicidad supone un desconocimiento de lo básico: en cuanto a la conducta suicidad y en cuanto a la gestión de riesgos. Y lo básico es que el riesgo debe estar donde se pueda manejar.  No existe otra función de las administraciones sanitarias en relación con la atención a las enfermedades y con la atención a la salud mental que no pase por la adecuada ubicación de los riesgos o de los niveles de riesgo en el área de atención o dispositivo que esté en condiciones de manejarlos. La circular que envía la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental a las Direcciones Médicas de los hospitales consiste en una exhortación para que pongan en marcha un Programa de Atención al Riesgo Suicida cuyo único requisito imprescindible es que toda persona que sea atendida en los Servicios de Urgencia de los hospitales o en las Unidades de Hospitalización Breve de los mismos salga con una cita para el Centro de Salud Mental en un tiempo máximo de una semana.  No hay nada más. El riesgo que se detecta en el Servicio de Urgencias ahora o que se mantiene tras un periodo de hospitalización puede ser traslado al CSM, mediante un mero acto administrativo de ocupar un hueco de atención en este dispositivo, sin ó con sobrecarga, realizado por el que se descarga del riesgo y sin contar para nada con el que va a asumirlo. Parece como si únicamente bastase con citar en una agenda de otro profesional de otro dispositivo para que el riesgo suicida desaparezca. Nadie ha preguntado, ni la Oficina Regional de Coordinación ni la mayoría de las Direcciones Médicas, si el otro dispositivo, aparte de tener huecos que se pueden sobrecargar sin límites,  tiene profesionales  detrás de ese hueco, qué tipo de profesionales  tiene, que cualificación tienen  y  cuánto tiempo tienen esos profesionales para atender ese riesgo la primera vez  o si tienen  tiempo para poder atender ese riesgo las próximas veces o tendrán que trasladar el riesgo de nuevo al hospital nada más verle.   Si las administraciones sanitarias plantean como única solución para la conducta suicida un programa cuya intervención fundamental es la de crear una prestación en las agendas informatizadas con el nombre de ARSUIC  y el traslado del riesgo de un dispositivo a otro solo puede significar que no saben lo que se traen entre manos (cómo están los dispositivos,  de qué se trata cuando hablamos de conducta suicida y con qué recursos cuentan para manejarla),  cosa que dudamos, o que piensan que su papel  no debe ser la gestión del riesgo y la dotación de los recursos necesarios a cada dispositivo para gestionarlo sino que debe ser cada uno de los dispositivos  los que compitan con los otros para gestionar sus riesgos.